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Marc Levy

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El fenómeno de la delincuencia en el mundo rural de la Nueva España virreinal fue combatido, primero, por medio de la institución de la Santa Hermandad y, tras su fracaso, por diversas alternativas ideadas por las autoridades, que culminarán en la segunda década del siglo XVIII en la creación de la jurisdicción especial de la Acordada.Patricio Hidalgo Nuchera es Doctor en Geografía e Historia y actualmente Profesor Titular de Historia de América de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado numerosos estudios sobre fuentes e historia de las Filipinas hispánicas y últimamente trabaja sobre la Nueva España virreinal. Entre sus últimas publicaciones cabe destacar Entre Castro del Río y México: correspondencia privada de Diego de la Cueva y su hermano Juan, emigrante en Indias, 1601-1641 (2006), Una corografía ilustrada inédita: la "Descripción de las Yslas Philipinas" de la Real Academia de la Historia de Madrid (2009), la coordinación de Andalucía y la repatriación de los soldados en la guerra del 98 (2010) y, por último, Los autos acordados de la Real Audiencia de las Islas Filipinas de 1598 y 1599 (2012).La criminalidad en el ámbito rural, además de una amenaza, ha sido siempre considerada como un síntoma de descontento y marginación social, de ahí que las autoridades de todo tiempo y lugar hayan tratado de reducirla desde el momento en que el orden se considera imprescindible para la actividad económica y la continuidad del poder establecido. La Nueva España virreinal no fue una excepción y quienes han investigado allí el fenómeno de la criminalidad lo han hecho prioritariamente a través de la documentación generada por la Acordada, jurisdicción especial concedida por el virrey Valero al provincial de la Santa Hermandad don Miguel Velázquez el año de 1719 y confirmada por el monarca tres años después. El presente estudio se centra en el bandolerismo existente hasta entonces, analizando a través de la ingente documentación conservada en el Archivo General de Indias el fracaso de la institución por antonomasia encargada de combatirlo, la Santa Hermandad, así como las alternativas tomadas por el poder político a partir de la década de los 80 del siglo XVII, que culminaron, poco más de dos décadas más tarde, en la concesión de la Acordada. Se completa así el panorama historiográfico sobre el fenómeno de la delincuencia rural en la Nueva España colonial.

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