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La gran cantidad de contrataciones temporales ha sido un problema histórico en el empleo público español. Además, tras años de limitación -cuando no congelación-, de los procesos de selección, ha adquirido dimensiones notables que, muy probablemente, hacen necesaria una intervención legislativa específica. De hecho, aparte de los preceptos aprobados en las últimas leyes de presupuestos, hemos asistido recientemente a la formulación de varias propuestas en el ámbito parlamentario, tanto autonómico como estatal, que intentan afrontarlo mediante el establecimiento de procedimientos de consolidación de empleo específicos. La reciente aprobación del RDL 14/2021 y, sobre todo, las pretensiones manifestadas para su inmediata tramitación parlamentaria también se sitúan en esta línea. El presente trabajo valora la admisibilidad de una intervención de este tipo. Tras profundizar en la regulación aplicable al personal interino (supuestos, procedimiento de acceso, derechos y deberes, y extinción), analiza su situación a la vista de las normas europeas y españolas que protegen contra la utilización abusiva de contratos y nombramientos temporales. Y, a pesar de la difícil adecuación a la Directiva 1999/70 CE, formula posibles propuestas para solucionar el problema.