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Un supuesto complot para matar en Burgos al general Franco y al ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, en los últimos meses de 1938, derivó en un macroproceso judicial de 49 personas que hasta hoy ha permanecido en el anonimato. A 15 detenidos se les abrió Consejo de Guerra en 1941 para dilucidar su implicación en los hechos. Aunque ninguno fue condenado por el delito que se les imputó, de Auxilio a la Rebelión Militar, varios fueron sometidos también a Consejos de Guerra por otros delitos.La reconstrucción de los hechos, a través de la documentación oficial, permite comprobar cómo sufrieron estas personas, muchas de ellas de Burgos, la persecución, el miedo y la incertidumbre durante años, entrando y saliendo de la cárcel, perdiendo sus empleos y temiendo por el futuro e incluso por la propia vida.