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Cometida una infracción administrativa, ¿a quién hay que sancionar?: ¿a la empresa por lo que ha hecho su empleado?, ¿al propietario del bien en el que o con el que se ha cometido?, ¿a las administraciones que incurren en ella?, ¿a los administradores de las personas jurídicas?; y, si las personas jurídicas se extinguen, ¿a quién se puede sancionar? A preguntas similares a las anteriores se da respuesta en esta obra con un análisis de cientos de sentencias y leyes. Se hace atendiendo especialmente al principio de responsabilidad personal, que se proclama siempre, pero que con frecuencia se ve erosionado hasta hacerlo casi irrelevante. Frente a ello, en el volumen ese principio se reafirma y se combaten las desviaciones que son admitidas sin justificación suficiente.